El día 30 de marzo de 2017, Enrique Fernández Fassnacht, Director del IPN, emitió el “ACUERDO 2/2017, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL”.

Aunque referido al personal docente y al personal que realiza funciones administrativas y ostenta plaza docente, este “acuerdo” amparado en una cuestionable decisión del Consejo General Consultivo del IPN, pretende afectar significativamente los derechos adquiridos de los trabajadores sindicalizados de base pertenecientes a la Sección 11 del SNTE, toda vez que el punto Tercero, de dicha disposición, establece que “las plazas del personal de apoyo y asistencia a la educación adscritas al área central, que a la fecha de este Acuerdo se encuentren vacantes de manera definitiva, serán reasignadas a las unidades académicas…”, lo mismo se plantea con todas las vacantes definitivas que se generen en el futuro. Lo único que faltó por decretar es que a partir de esa fecha 30 de marzo, el área central del Instituto Politécnico Nacional quedaba liberada de trabajadores sindicalizados de base.

Lo que no se omitió ratificar en esta disposición es el sello imperativo que ha caracterizado al actual director general y que queda consignado en el Transitorio Segundo que establece que: “Se dejan sin efecto las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo”.

Reforzando esta ilegal disposición y tratando de matizar las reacciones de rechazo de los trabajadores, Fernández Fassnacht emite un nuevo comunicado “A la comunidad politécnica” en el que se deja ver la intensión de “rediseñar la estructura orgánica de la administración central” y se proyecta la desaparición de la plantilla de trabajadores sindicalizados de base. En el comunicado se exhibe un tendencioso comparativo del número de trabajadores que laboran en el área central con la plantilla total de los trabajadores adscritos a los 19 CECyT’s del IPN; incluso se afirma, en declaraciones a los medios de comunicación, que ésta concentración (excesiva se insinúa) de trabajadores es “producto de acuerdos tomados a lo largo de los años por funcionarios y sindicato” buscando con ello reforzar el descrédito de los trabajadores sindicalizados de ésta área. ¿Se insinúa acaso que fue indebida la contratación de personal de base en éstas áreas del Instituto?

  1. El Consejo General Consultivo carece de facultades legales para tratar asuntos de orden laboral y mucho menos para modificar o suprimir prestaciones de los trabajadores sindicalizados de base, cuya relación laboral se ampara en los contenidos de la Ley Federal del Trabajo y sus leyes supletorias, entre éstos, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No Docente del IPN (CGT), la única instancia facultada para realizar modificaciones al esquema laboral es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y sus órganos de gobierno en acuerdos establecidos en las Comisiones Mixtas Paritarias. En consecuencia, cualquier pretensión de modificar el esquema laboral al margen de éstos constituye un acto ilegal y sus “acuerdos” no serán de observancia obligatoria.
  2. Los datos dados a conocer por Enrique Fernández en relación al número de trabajadores adscritos al área central son tendenciosos y faltos de veracidad, porque de los 2,819 trabajadores no docentes que menciona están adscritos al área central, únicamente 1,477 realizan sus funciones en 40 unidades administrativas, entre las que se encuentran la Dirección General, las Secretarías General, de Administración, Académica, de Extensión e Integración Social, de Servicios Educativos, de Gestión Estratégica, la Dirección de Capital Humano, de Administración Escolar, etc. Los restantes 1,342 trabajadores no realizan, en estricto, sus funciones en el área central, están distribuidos en áreas estratégicas de servicios como los Centros de Desarrollo Infantil (CNDIS), Fomento Deportivo, Difusión y Fomento a la Cultura, Bibliotecas, los Centros de Apoyo a Estudiantes (CAES) y Recursos Materiales y Servicios. Como puede observarse, la plantilla de personal sindicalizado de base de ésta área es tan débil como lo es la de las unidades académicas.
  3. Las funciones que los trabajadores de base deben realizar, se encuentran consignadas en el Catálogo de Puestos del Personal No Docente del IPN, esto constituye la materia de trabajo que no podrá ser asignada a trabajadores contratados por un régimen distinto al establecido en las CGT, salvo las excepciones que éste mismo plantea.
  4. Señalar que existen 1,281 trabajadores con plaza docente que realizan funciones administrativas, significa reconocer la asignación indebida de nuestra materia de trabajo. Las funciones administrativas en área central, así como las de mantenimiento, jardinería, los servicios de intendencia y vigilancia corresponde realizarlas a los trabajadores sindicalizados, en consecuencia, exigimos que se dé a conocer el número de trabajadores contratados por honorarios y bajo otros esquemas que son motivo de análisis.
  5. Defender los derechos adquiridos de los trabajadores, no significa oponernos a la necesaria reforma administrativa del Politécnico, pero esta debe darse sobre la base de un análisis objetivo en función del interés institucional y con la única instancia legalmente reconocida por la norma constitucional para tratar asuntos de orden laboral, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Rechazamos rotundamente la actitud injerencista de instancias inventadas por la actual administración, como la llamada “mesa 5×5”, cuyos integrantes se arrogan facultades fundadas en la ignorancia y el desconocimiento de los procedimientos legales en materia laboral.
  6. Exigimos el respeto a los convenios laborales firmados bilateralmente, el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores y demandamos la cobertura inmediata de todas las vacantes como está establecido en las leyes laborales y como fue convenido en la Comisión Mixta Paritaria de Plan Integral, es decir en el área donde las éstas se generen. Las plazas vacantes de área central deberán cubrirse en el área central, demandamos en consecuencia, dejar sin efecto el mal llamado “Acuerdo 2/2017”.

Exhortamos al Dr. Enrique Fernández Fassnacht a dejar de lado las insinuaciones tendenciosas y, en todo caso, aclarar los presumibles actos de ilegalidad que se sugieren en los medios de comunicación respecto de acuerdos aviesos entre funcionarios y el sindicato.

Le demandamos la aplicación de la ley en los casos de comprobada corrupción, como es el de la venta de calificaciones que posiblemente involucra a funcionarios de la administración a su cargo. Aún se encuentra pendiente el resultado de la investigación de la manipulación fraudulenta del proceso de Selección y Admisión de 2016. Estos casos no pueden quedar en el borrón y cuenta nueva. Eso no sería justicia, sería encubrimiento.

Exigimos la reanudación de los trabajos de la Comisión Central Mixta Paritaria de Revisión Salarial IPN-SNTE Sección 11 2017-2018 y de Prestaciones Económicas 2017-2019, cuyos trabajos fueron suspendidos por la administración y a la fecha ni siquiera ha entregado la respuesta al Pliego de Demandas entregado desde el mes de febrero del presente año.

Hacemos un a llamado a los trabajadores del IPN, a la organización y la movilización ante esa nueva iniciativa que violenta los derechos laborales y ante el autoritarismo que prevalece en el instituto.